domingo, 30 de agosto de 2015

Una indemnización a la ciudadanía por el coste social de la crisis

Dividendo social (social dividend); ingreso básico (basic income); ingreso garantizado (guaranteed income); ingreso ciudadano (citizen’s income), (revenue de citoyenneté); ingreso social (social income), (revenue social); rédito de ciudadanía (reditto de cittadinanza); salario del ciudadano (citizen’s wage), (bürgergehalt); subsidio universal (allocation universelle, revenue universelle, universal grant).

El ingreso garantizado es una propuesta destinada a prevenir la pobreza antes de que ésta afecte a una persona sobre todo por la falta de empleo, la única mercancía que el sistema de mercado es incapaz de suministrar a toda la población. Asignar a todo el mundo una renta mínima sería mucho más eficaz, en términos de ahorro de sufrimiento social y complejidad administrativa, que las ayudas que hoy, con gran cicatería, conceden los servicios sociales a la gente que demuestra haber caído en situación de pobreza.



Hace tan sólo una década atreverse a proponer un ingreso garantizado para todo el mundo como vía para eliminar la pobreza llevaba implícito el riesgo de ser tomado por un idealista utópico. Eso en el mejor de los casos, pues, conforme a las inveteradas costumbres de un país refractario a la innovación, la respuesta más común consistía en descalificar la propuesta tachándola de extravagancia. 


De inmediato, se vaticinaban las grandes catástrofes sociales que acarrearía la introducción de una medida de esta índole que, según sus críticos, daría lugar a una legión de holgazanes cuya pigricia arruinaría la industria y el comercio. A lo que los fundamentalistas añadían un pronóstico totalitario: nadie trabajaría. Como si, por el mero hecho de percibir una modesta renta fija de existencia, la gente asalariada fuese a olvidar esa moral del trabajo grabada a sangre y a fuego en los códigos ancestrales de la organización social. Y curándose de repente de las apetencias inculcadas por el aparato publicitario del nuevo evangelio del consumo, abandonaran en masa talleres, tiendas y oficinas.



En la última década, mientras la pobreza ha conocido un brutal incremento que ha sorprendido, y en muchos casos atrapado, a las clases medias que confiaban en el oreden capitalista, los dirigentes políticos se han limitado a recetar un viejo remedio: buscar trabajo. La sabiduría convencional sostiene que el trabajo no sólo es fuente de virtudes, sino también de riqueza. Lo de las virtudes no acaba de estar del todo claro y lo de la riqueza es discutible. Aunque es cierto que hubo una época no demasiado lejana en la que, gracias al movimiento de los trabajadores organizados, se consiguió que el trabajo fuese remunerado de una forma más acorde a la riqueza que generaba a los empresarios, permitiendo que los asalariados accedieran a un aceptable nivel de vida.



Pero la ideología que subyace bajo el lema del trabajo virtuoso es un telón que oculta las miserias del trabajo asalariado realizado por cuenta, beneficio y permiso de otro. Hoy, las ventajas generales del trabajo asalariado son agua pasada. Todas las recetas contra la pobreza y la desigualdad adoptadas en los últimos tiempos han cosechado un completo fracaso. Con las políticas neoliberales no sólo no se ha reducido la pobreza, sino que ha tomado cuerpo un fenómeno, a la vez paradójico y brutal: para la mayoría de los empleados en precario, el precariado, trabajar ya no sirve “para salir de pobres”.



De ahí que amplios sectores de la sociedad hayan comenzado a prestar atención a la propuesta del ingreso garantizado. Una medida destinada a prevenir la pobreza antes de que ésta afecte a una persona sobre todo por la falta de empleo, la única mercancía que el sistema de mercado es incapaz de suministrar a toda la población. Asignar a todo el mundo una renta mínima sería mucho más eficaz, en términos de ahorro de sufrimiento social y complejidad administrativa, que las ayudas que hoy, con gran cicatería, conceden los servicios sociales a la gente que demuestra haber caído en situación de pobreza. Esta ayuda, sólo se concede después de que la persona en cuestión haya demostrado, sometiéndose a un test de recursos, que no dispone de medios suficientes para vivir.



Hablando con realismo, el presupuesto que las políticas de corte neoliberal destinan a este tipo de ayudas es muy limitado. El subsidio por desempleo indemnización que el Sistema debe abonar por su ineficacia a la hora de suministrar empleo a la población apenas llega a la mitad de los damnificados por la avería. En el mejor de los casos, es decir, que un Gobierno con sensibilidad social dotase la partida de ayudas con presupuesto suficiente para atender todas las demandas, el procedimiento adolece de un problema de índole funcional. Desde que se produce la situación de pobreza hasta que la Administración la certifica, transcurre un periodo de tiempo, a veces muy dilatado, durante el cual la carencia de recursos es patente. Y la situación desesperada para aquellas personas desprovistas de otros medios de vida. 



La idea del ingreso garantizado no es un invento de hace cuatro días. Sus fundamentos filosóficos y políticos fueron planteados, ya en el siglo XVIII, por el estadounidense Thomas Paine y el francés Charles Fourier. Siguiendo su estela,  figuras de indiscutible autoridad intelectual o científica de la talla del filósofo y matemático Bertrand Russell, el ‘padre’ de la Cibernética, Norbert Wiener, o el psicólogo social Erich Fromm han reforzado esta idea añadiendo nuevos argumentos. Por desgracia, la opinión de estas egregias figuras no es compartida por el grueso de uno de los rebaños más medrosos de nuestros días: la grey de políticos profesionales que, desprovistos de ideas nuevas para afrontar el desempleo galopante que azota a la gente de carne y hueso, se limitan a repetir que sus políticas crearán empleo, aunque la ciudadanía haya perdido la cuenta de las veces que han prometido hacer tal cosa. 



Por ello, es hora de que surjan voces valientes capaces de salir de la zona de confort ideológica y declarar algunas verdades ante la opinión pública. Una de ellas es que el empleo, tal como lo hemos conocido en las sociedades desarrolladas, no volverá a desempeñar el mismo papel que tuvo hasta hace una década. En la sociedad industrial, el empleo se constituyó como un artificio cultural y económico mediante el cual se estructuró la división social del trabajo y la distribución de la riqueza, conforme a las pautas del Orden Establecido en una sociedad regida por el modelo productivo capitalista. Modelo que, por definición, se basa en la desigualdad. Lo que determina que el empleo sea el agente principal a través del que se articula la reproducción de una sociedad desigual.



De hecho, la primera desigualdad se produce en el acto contractual por el que una persona vende a otra su tiempo, fuerza y capacidad de trabajo, a cambio de un pago monetario: el salario. En una sociedad idílica, tal vez ese contrato pudiera celebrarse en condiciones de igualdad. Pero en la sociedad real en que vivimos, el contrato laboral se realiza bajo un ordenamiento legal en el que una de las partes, la empleadora, obtiene grandes ventajas (disposición del tiempo, disciplinarias, etc.) sobre la otra parte, la empleada. Es decir, que el empleo no sólo no garantiza la igualdad, sino que contribuye a perpetuar la dominación de una clase social sobre otra. Y si ese dominio fue atenuado algo por legislaciones progresistas, hoy, el triunfo de la doctrina neoliberal, unido al abandonismo político por parte de la mayoría social, está llevando la situación de dominio a condiciones que recuerdan las que imperaban en el siglo XIX. Las sucesivas reformas laborales de los últimos años han convertido al empleado en un guiñapo inerme y abandonado al capricho de la patronal.



Vuelve a cobrar plena vigencia lo que Karl Marx advirtió en su Crítica del programa de Gotha: “El trabajo no es la fuente de toda riqueza. [...] Los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; pues precisamente del hecho de que el trabajo está condicionado por la naturaleza se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de aquellos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso”.



Y es aquí donde radica la esencia del ingreso garantizado: al proporcionar seguridad individual a las personas evitaría que muchas de ellas tengan que ir por la vida pidiendo permiso para vivir. Por tanto, aumentaría la libertad real de las personas de carne y hueso al reforzar su “derecho real a decidir”, más allá de tal o cual bandera, qué hacer hoy, mañana, pasado mañana, con su vida. Algo que hoy está vedado a la mayoría de la juventud precaria. Aunque el futuro no está escrito.



A estos principios generales, hay que añadir una exigencia política de primer orden: la ciudadanía española, en su condición de contribuyente, lleva años pagando costes privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias, bancarrotas de autopistas, déficits de tarifas eléctricas, cierres de centrales nucleares o sondeos fallidos de almacenamiento de gas. Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional. El imperativo de proceder también a una indemnización social por el saqueo de los bienes públicos refuerza el argumento político para reivindicar un ingreso de ciudadanía.



Estamos hablando, claro está, de algo serio, no de esas humillantes rentas de inserción condicionales que constituyen un factor de servidumbre y dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y, por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno.



Diversas formaciones de izquierda, de vieja planta o nuevo cuño, han coqueteado, en mayor o menor medida, con la idea de la Renta Básica de Ciudadanía. Pero se han arrugado ante el fuego graneado que descargan las baterías mediáticas del poderoso ejército mercenario de publicistas a sueldo de las élites financieras y patronales. La regeneración del discurso social exige dejar que se escuche la voz de esos trabajadores, cualificados o no, con salarios y condiciones laborales precarias; que hablen esos jóvenes excluidos del acceso a un empleo estable; que se oiga a esos padres que trabajan a doble turno para sostener a su familia; y, sobre todo, que se escuche la voz de esa legión de personas excluidas durante periodos de larga, larguísima duración, y en muchos casos para siempre, del acceso a un empleo digno y suficiente para vivir.



Cuando todas las demás soluciones han demostrado conducir a un callejón sin salida, sobre todo a esa juventud que integra las filas del precariado, la propuesta del ingreso garantizado es uno de los ejes sobre los que ha de girar el nuevo contrato social que, más pronto que tarde, será preciso establecer para equilibrar la devastación causada por las políticas de la globalización neoliberal. Dijo Victor Hugo que: “Ningún ejército puede detener una idea a la que le ha llegado su momento”. Y eso es aplicable a la Renta Básica de Ciudadanía. Si en esta época crucial que atraviesa España, los partidos políticos con ambición de gobierno renuncian a incluir en sus programas una medida que ya ha calado con fuerza en los movimientos civiles tan sólo habrán conseguido demorar en el tiempo el sufrimiento de las personas que experimentan la pobreza en su cotidianeidad y ven frustrado su proyecto de vida.




miércoles, 26 de agosto de 2015

Fe de erratas

La redacción final del libro se realizó en el calurosísimo agosto de 2015, lo que, aun no constituyendo excusa, contribuyó a incrementar las erratas del texto.




Erratas detectadas por algunos lectores, a quienes desde aquí agradezco su interés al comunicarlas:

Pág, 10:   Dice: "Mayores y niños pimero"
               Debe decir: Mayores y niños primero

Pág, 73: El párrafo: "¿Qué extraña paranoia miserabilista [...] permitido para optar a ella"
               Está duplicado.
       
Pág. 251  Dice:"En julio de 2012, el gobierno de ZP"
              Debe decir: En julio de 2011, 

Pág. 333  Dice: "postrimerías del siglo XXI"
              Debe decir: postrimerías del siglo XX

Pág. 379 Dice: "John Maynard Keynes (1983-1946)"
              Debe decir: (1883-1946)